El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (arriba), el presidente Gustavo Petro (i), y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma (d).
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Un juez ordenó embargar plata de las cuentas del Gobierno Nacional por las deudas que tiene el Ministerio de Minas y Energía con el Grupo EPM, a quien le debe el pago de subsidios de servicios públicos.
La deuda es con la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, que forma parte de EPM, y asciende a $46.912 millones, más los intereses por mora. Por ello, el juez ordenó embargar $83.309 millones de las cuentas de la Nación.
El alcalde de Medellín toma la vía judicial
Grupo EPM es una empresa pública propiedad de Medellín. Federico 'Fico' Gutiérrez, que es a la vez alcalde de la ciudad y presidente de la junta de EPM, explicó que tuvieron que acudir a la vía judicial por la falta de respuesta del Gobierno.
"El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta", dijo el alcalde.
Hay más demandas en curso para que el Gobierno pague deudas a otras filiales del EPM, como Afinia. Según Gutiérrez, la Nación le debía $1,25 billones a todo el grupo con corte al 31 de diciembre de 2024.
Además, Medellín está demandando al gobierno central por no pagar $483.135 millones que iban a la construcción del metro ligero de la 80.
"Las cuentas de la Nación son inembargables"
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió que impugnarán la decisión porque las "cuentas de la Nación son inembargables".
En efecto, el artículo 19 del estatuto del presupuesto parece apoyar esa postura:
Estatuto del presupuesto. Decreto 111 de 1996, artículo 19.
"Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos", trinó el ministro.
Tanto Palma como el presidente Gustavo Petro calificaron la decisión como una "maniobra política" del alcalde de Medellín.
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